Argelia, el municipio del Cauca en el que se presentan combates entre agrupaciones ilegales desde hace más de tres meses, completó dos semanas aislado por cuenta de las restricciones impuestas por el ELN y las disidencias de las Farc, que no permiten la libre circulación y han quemado tres vehículos que no han acatado el paro armado. Esta situación tiene aislados a los habitantes de esta localidad, en la que, además, ya hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.

Resulta difícil de comprender por qué, después de tres meses de tener atrapada a la población entre el fuego de dos bandos criminales, la situación de Argelia y los municipios vecinos, contrario a mejorar, empeora, es como si el Estado hubiera abandonado a los habitantes de esta parte del Macizo Colombiano, dejándolos a merced de las agrupaciones ilegales que se disputan el control de los cultivos ilícitos de la zona.

No es un asunto sencillo, pues a comienzos de noviembre, pocos días después de que el Ejército llegara a la zona para retomar el control, hubo protestas de la comunidad para reclamar el retiro de las tropas; es claro que tras esta incoherente actitud hay presiones de los ilegales, que utilizan a los civiles como escudo. Por eso, en esta localidad cerca de 6.500 personas han huido durante este año.

No se puede cometer el error de ver lo que está pasando en Argelia como un problema exclusivo de una comunidad que está a cientos de kilómetros de Bogotá. Lo que se está viviendo con el paro armado prueba la gravedad de permitir la consolidación territorial de los grupos armados al margen de la ley, y si las autoridades no recuperan el control, pronto la situación se extenderá a otros municipios y habrá más violencia y más desplazados.

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