Los graves desmanes ocurridos el pasado domingo 15 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero son una vergüenza para Cali y para el deporte colombiano.

La invasión del campo, los enfrentamientos con la Policía, los robos y los destrozos causados por miembros de la barra Barón Rojo Sur no solo dejaron heridos y daños materiales, sino que reavivaron el debate sobre la impunidad que rodea a las barras bravas en el país.

Si no se toman medidas estrictas y ejemplarizantes, estos actos seguirán ocurriendo con una frecuencia alarmante.

Esta no es la primera vez que el Pascual Guerrero es escenario de hechos violentos.

Las mesas de diálogo y los acuerdos con las barras parecen quedar en el papel, mientras los mismos grupos siguen comportándose como delincuentes.

La Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, ha dado un paso correcto al condenar los hechos, ofrecer recompensas e instar a la Comisión de Fútbol a imponer sanciones drásticas.

Sin embargo, no basta con declaraciones y recompensas: es momento de actuar con firmeza y recuperar el orden.

La violencia protagonizada por estos grupos no solo afecta la seguridad pública, sino que destruye el propósito fundamental del fútbol: ser un espacio de encuentro, unión y disfrute familiar.

Los responsables deben ser identificados y judicializados, sin excepciones.

No es aceptable que pintar murales, pedir perdón o simular diálogos sea suficiente para evadir responsabilidades penales.

Hasta que los autores de estos actos no respondan como lo que son, delincuentes, la violencia seguirá siendo parte de los estadios.

No se puede ceder ante las falsas promesas de las barras bravas.

Las autoridades deben garantizar que los espacios deportivos sean seguros, con controles más estrictos y sanciones ejemplares.

Comments