Lo que se vivió en Cali el pasado miércoles, 5 de diciembre, comprueba que el bloqueo de vías sí representa una agresión. En seis puntos de la ciudad, pequeños grupos de manifestantes del paro impidieron el paso durante al menos doce horas, ocasionando graves perjuicios a miles de personas. Hubo puntos como el Paso del Comercio, en la salida hacia Palmira, en los que el paso estuvo cerrado por casi 15 horas y fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para despejar.

Así, la totalidad de los buses de uno de los operadores del MIO no pudo prestar su servicio, quienes se dirigían hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no pudieron llegar, como tampoco quienes viven en Candelaria, Florida, Palmira y Yumbo y trabajan o estudian en Cali, o vienen a la ciudad a realizar diligencias o a citas médicas. A todas estas personas, al igual que a quienes viven en Cali y trabajan en municipios vecinos, los protagonistas de los bloqueos y quienes instigan estas vías de hecho, les violaron el derecho a la libertad de circulación, consagrado en la Constitución Política de Colombia, y, según el caso, otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho al estudio y el derecho a la salud.

En una agresiva posición, los autores de los bloqueos ignoraron los clamores de quienes por horas esperaron y les insistieron que les permitieran pasar. Indignadas y molestas, con toda razón, muchas de estas personas confrontaron a los manifestantes y en algunos momentos se presentaron acaloradas discusiones.

Es evidente que ya hay un cansancio ciudadano ante las dificultades que provocan quienes están abusando de la figura de la protesta. Ojalá los promotores del paro sean conscientes de ello, porque con sus acciones están causando grandes perjuicios a quienes dicen defender.

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