Ahora que un grupo de ciudadanos, liderados por transportadores, inició un proceso de recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, vale la pena hacer una reflexión sobre las implicaciones de esta iniciativa para la ciudad, pues se trata de un proceso que, prospere o no, genera desestabilización institucional.

Si bien todo ciudadano inconforme con un mandatario tiene el derecho constitucional de recurrir a este mecanismo de participación, en el caso particular de Cali podría resultar peor el remedio que la enfermedad.

Los problemas de la capital del Valle del Cauca, especialmente la inseguridad y las dificultades del transporte público, no son coyunturales, son estructurales y, por lo tanto, sobrepasan en alguna medida la capacidad del Alcalde y de su administración, pues tienen solución en el largo plazo, no en el inmediato, como reclama la ciudadanía. Por lo tanto, una revocatoria del mandato sólo serviría para desviar la agenda de la administración municipal hacia la defensa de su continuidad y, de resultar exitosa, para romper los procesos que adelanta el gobierno local, generando inestabilidad y, paradójicamente, dilatando las soluciones que se pretenden dar con la revocatoria.

Por eso vale la pena preguntarles a los promotores de la revocatoria, partiendo del supuesto que su intención es la búsqueda de soluciones a los problemas de Cali, si no hay otras formas de ayudar. Todo se solucionaría más fácil con una integración de todos los actores de ciudad en la que se busquen construcciones colectivas para enfrentar los problemas. En ese sentido, el alcalde Guerrero debe establecer un diálogo social para que estas fracturas no se profundicen.

Y si la afectación a la estabilidad institucional y a la continuidad administrativa parece poco, hay que pensar en los costos económicos de una revocatoria, que en el caso de Cali superaría los diez mil millones de pesos. Por donde se le mire, es un proceso inconveniente para Cali.

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