Con motivo del día mundial contra el trabajo infantil se conoció que en Colombia hay cerca de un millón cien mil menores de edad, entre los 5 y los 17 años, que laboran.

Esta cifra de vergüenza generó múltiples reacciones en contra del trabajo infantil; en Cali, por ejemplo, los ciudadanos firmaron murales rechazando la explotación de los menores de edad, pero muy poco, o nada, podrá lograrse con estas manifestaciones de buenas intenciones si no se erradican las condiciones socioeconómicas que llevan a infantes y adolescentes a cambiar el estudio por el trabajo.

Es muy fácil decir no al trabajo infantil, pero erradicarlo no es tan fácil como decirlo, pues este fenómeno es consecuencia directa de la pobreza, y en un país como Colombia, donde el 43% de la población (según cifras oficiales) vive en estas condiciones, el ingreso prematuro a la vida laboral, en oficios pesados, riesgosos y mal pagos, es, lamentablemente, la única alternativa de subsistencia que tienen miles de menores de edad.

Mientras los adultos y el Estado no estén en condiciones de proveerle a niños y adolescentes todo lo necesario para su desarrollo, cualquier campaña mediática que se haga con la intención de erradicar el trabajo infantil será inútil.

Detrás de cada niño que trabaja, ya sea de manera voluntaria u obligado, hay una historia de pobreza, hambre y necesidades insatisfechas, por eso, si bien hay que promover un mensaje para crear conciencia ciudadana que desestimule la ocupación de menores de edad en asuntos laborales, lo que se debe hacer es exigirle al Estado la generación de oportunidades de capacitación y empleo para los padres de los estratos bajos, que les permitan darles una vida digna a sus hijos.

Este, más que un asunto moral, es, como buena parte de los problemas de este país, un asunto fiscal, ¿qué va a hacer el Estado, entonces, para generar las condiciones socioeconómicas que permitan acabar con el trabajo infantil?

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