Si la guerrilla sigue actuando así, al proceso de paz le quedará poco tiempo.

La arremetida terrorista de las últimas seis semanas amerita que el Gobierno Nacional fije una posición firme frente al proceso de paz. No se trata de acabar con las negociaciones, sino de condicionar su continuidad a una postura sensata por parte de la guerrilla.

Los atentados contra la infraestructura vial, eléctrica y pretolera son actos terroristas que afectan principalmente a la población civil, como lo muestra cláramente la emergencia ambiental que se vive en Tumaco, Nariño, producto del derrame de crudo tras la voladura del oleducto Trasandino.

En ese sentido, lo que el Gobierno Nacional debe exigir a la guerrilla es no perpetrar acciones que afecten a los civiles y al medio ambiente, pues estas van en contra de lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, son terrorismo, y con terroristas no se puede negociar.

El proceso de paz solo tiene salvación si las Farc se comportan como actores políticos, y la no afectación de la población civil es una condición sine qua non para tener ese estatus.

El Gobierno Nacional y en general el Estado colombiano ha sido timorato frente al comportamiento terrorista de las Farc y, en el afán de mantener a la guerrilla sentada en la mesa de diálogo, le ha sacado el cuerpo a fijar una posición frente al terrorismo, pero la arremetida que padece el país y el desgaste del proceso de paz, en el cual no cree el 62% de los colombianos (según la más reciente encuesta de Gallup) indica que llegó la hora de poner límites, no solo en cuestión de tiempo, sino también de acciones; el presidente Juan Manuel Santos no puede admitir más excesos.

Gobierno y guerrilla deben ser conscientes de que si las cosas siguen como van, los pocos argumentos que quedan para defender el proceso de paz se esfumarán.

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