Es claro que la inmensa mayoría de los colombianos aprueba la búsqueda de un acuerdo de paz negociado con la guerrilla; sin embargo, esa misma mayoría está en desacuerdo con la forma en la que se ha adelantado hasta el momento el proceso de diálogo con las Farc. Por un lado, los ciudadanos piden más información de lo negociado, por otro, reclaman el cumplimiento de condiciones mínimas que evidencien buena voluntad por parte del grupo armado ilegal para continuar con las negociaciones.

En un momento en el que está a punto de definirse si hay continuidad o cambio en la Presidencia de la República, se hace necesario tener claro que la búsqueda de un acuerdo de paz es una política de Estado y no de gobierno, que debe continuar independientemente de quien ocupe el primer cargo de la Nación. Para ello es indispensable que se conozcan los términos en los que se adelantan las conversaciones, lo que se denomina la letra menuda, pues todo indica que la decisión que tomen los colombianos el 15 de junio en la segunda vuelta de las elecciones tendrá como base principal el modelo de las negociaciones, y escogerán entre el esquema actual o uno nuevo. Quien esté al frente de los destinos de la Nación en el siguiente periodo presidencial debe tener claro que los diálogos y el eventual acuerdo al que se llegue con la guerrilla, que debe ser validado en las urnas por los colombianos, tendrá respaldo ciudadano únicamente si se recupera la credibilidad de la gente en el proceso, y para ello es fundamental insistir en una negociación con condiciones. Exigirle a las Farc que no cometan más crímenes de lesa humanidad no es estar en contra de la paz, al contrario, es apostarle a la consolidación del proceso a partir de muestras claras de voluntad por parte del grupo armado.

Un acuerdo antecedido por acciones que sólo producen rechazo e indignación ciudadana no conducirá a una verdadera reconciliación, al contrario, se corre el riesgo de que sea rechazado por la inmensa mayoría de los colombianos.

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