Así como es irresponsable entregar licencias sin control, lo es obstaculizar el desarrollo económico del país.

Uno de los grandes pendientes que tiene Colombia es encontrar el punto justo para aprovechar sus recursos minerales sin que esto implique el deterioro de sus recursos naturales.

Esta reflexión viene a colación a raíz de la consulta popular que se realizará en Cumaral, Meta, para definir si se permite o no la explotación petrolera en este municipio.

La preocupación ciudadana por el impacto de la minería en los ecosistemas es válida, como también es válida la pretención de las regiones mineras de recibir compensaciones por la explotación, pero ni lo uno ni lo otro pueden convertirse en factores que frenen el crecimiento económico del país.

Lo que se requiere aquí es que tanto el Gobierno Nacional como las autoridades ambientales tomen las medidas necesarias para garantizar que las licencias que se otorguen cumplan con estrictos parámetros técnicos y ambientales para que el impacto sobre los ecosistemas sea mínimo y además se adelanten acciones de recuperación y compensación en los casos que sean necesarias.

No se trata de expedir licencias de explotación minera a diestra y siniestra, habrá áreas intocables, como los santuarios naturales, pero no se puede vetar esta actividad en todo el país, pues es renunciar a la oportunidad de generar ingresos para mejorar la calidad de vida de miles de colombianos.

En ese sentido, la figura de las consultas populares mineras debe ser revisada y si es el caso reemplazada por comités regionales conformados por especialistas calificados que definan si se autoriza o no la explotación de un yacimiento y las condiciones que debe cumplir la empresa que la ejecute.

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