De un tiempo para acá las multas se convirtieron en un instrumento mágico para solucionar los problemas de Colombia.

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca establecer multas de hasta $23 millones para quienes paguen por servicios sexuales. Al juzgar por esta iniciativa y por el nuevo Código de Policía, parece que las autoridades colombianas ven en las sanciones pecuniarias una herramienta cuasi mágica para solucionar muchos de los problemas que aquejan al país.

La iniciativa en cuestión busca desestimular la práctica de la prostitución, y eso es válido, pues tras esta actividad hay trato indigno, explotación y transmisión de enfermedades sexuales, pero el método es equivocado, pues no ataca el problema de fondo.

Detrás de la prostitución hay unas causas objetivas, que van desde lo económico hasta lo cultural, razón por la cual no es con políticas prohibicionistas y sancionatorias como debe abordarse el problema, sino desde el componente social, a través de la inclusión y desde la educación.

Lo mismo ocurre con la mayoría de las conductas que el Código de Policía sanciona con multas; sería más efectivo y duradero abordarlas desde la pedagogía. Las multas terminan siendo una salida facilista y en la mayoría de los casos inútiles, primero, porque la mayoría de los sujetos de cobro no tienen con qué pagarlas, y, segundo, porque no cambian las conductas, simplemente las reprimen.

Parece que ni el Gobierno ni el Congreso de Colombia, ni los de ahora ni los de antes, conocieran la célebre frase de Pitágoras que dice “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, pues se siguen enfocando en lo segundo.  Si transformáramos el sistema educativo, en un par de décadas las autoridades no tendrían que desgastarse persiguiendo a la gente por mal comportamiento.

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