Tan doloroso como la toma del Palacio de Justicia es saber que este crimen quedó impune.

Nada que se conmemora un aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace 30 años, se abre una herida nacional no solo por el recuerdo de los 98 muertos que dejó este hecho, sino también por lo que simboliza que un caso de semejantes proporciones siga en la impunidad después de tanto tiempo.

Tres décadas después la misma justicia que fue violentada y masacrada en este trágico episodio de la historia nacional no ha podido resolver este caso; la verdad sobre la toma del Palacio sigue perdida en un mar de rumores y conjeturas; por eso la impunidad es más grave que el hecho mismo, una burla a la institucionalidad y a los colombianos, un símbolo del día a día de un país en el que el poder judicial, por intención o incapacidad, deja que los responsables de todo tipo de crímenes queden sin castigo, un estímulo para que los delincuentes, en especial los de cuello blanco, actúen con la tranquilidad de saber que las posibilidades de ser condenados por sus acciones son sólo del 7%, pues la impunidad es del 93%.

Treinta años después de la toma del Palacio la justicia colombiana está tan tomada y tan sitiada como el 6 de noviembre de 1985 y, más allá de los discursos, el Presidente, los magistrados de las altas cortes y los congresistas, que tienen el poder para hacer un cambio estructural del sistema, mantienen el esquema perverso, politizado e ineficiente que tiene a la justicia colombiana al servicio de la corrupción y la trampa.
Mientras el sistema judicial no cambie, las cárceles seguirán llenas de ladrones de celulares y los autores de crímenes tan graves como la toma del Palacio de Justicia seguirán campantes, libres de toda culpa.

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