Subestimar el paro agrario es un error en el que Colombia y, sobre todo, el Gobierno Nacional no deben caer. Es muy peligroso que el país, contrario a reconocer la crisis del campo y debatir en busca de soluciones, desvíe la atención y se encasille en la discusión equivocada. Que la guerrilla está detrás de las protestas, que los partidos de oposición están instigando a los campesinos para afectar la imagen del presidente candidato. Ambas hipótesis pueden tener algo de cierto, pero que haya fuerzas echándole leña al fuego no puede llevar al desconocimiento de la crisis del sector agrícola, que es un problema real y palpable; desconocerlo sólo serviría para exacerbar los ánimos y llevar el país a una situación similar a la que se vivió con el paro de hace ocho meses o peor.

Ayer, por fortuna, el primer día de la huelga transcurrió sin mayores problemas de orden público, pero la sola reducción de vehículos de transporte intermunicipal, particulares y de carga que no salieron a las carreteras por temor a bloqueos o revueltas evidencia ya una alteración en la cotidianidad del país; sólo eso amerita la búsqueda de un acuerdo.

Sin embargo, el tema del campo no se resuelve haciéndoles promesas a los campesinos ni diciendo sí a todas sus peticiones; eso levanta el paro, como ocurrió ocho meses atrás, pero no soluciona los problemas estructurales del agro y, al poco tiempo, los campesinos vuelven a la protesta.

Lo que se requiere es una reforma profunda al sector agrícola. Vivir del campo tiene que volver a ser posible en Colombia, como lo fue hasta hace 20 años, de lo contrario la migración campesina hacia los grandes centros urbanos no se detendrá. El 94% del territorio nacional es rural, pero sólo el 30% de la población vive allí. A este paso, las ciudades se van a reventar y el país se quedará sin agricultores.

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