Acertada o no, la decisión de inyectarle $75 mil millones al MIO, mediante el esquema de subsidio a la tarifa, permite, por lo menos, en el corto plazo, garantizar el funcionamiento del sistema sin que se siga deteriorando. En ese sentido, resulta preocupante que el desembolso de esos recursos esté en riesgo, ante la falta de entendimiento entre Metrocali y los operadores del sistema.

Si al masivo no se le inyectan estos recursos, el déficit de flota producto de la falta de mantenimiento y hasta de combustible, se empezará a notar más temprano que tarde y, como siempre, serán los usuarios quienes llevarán la peor parte, porque las demoras, de las que tanto se quejan, aumentarán.

Metrocali y la Alcaldía de Cali tienen razón al buscar que los dueños de los buses desistan de las demandas contra el Municipio, cuyas pretensiones se acercan a los $600 mil millones, pues un fallo que le dé la razón a los operadores sería fatal para las finanzas locales. Pero, del otro lado, los operadores tienen razones para reclamar, pues se les ofertó un sistema que se proyectó sobre un número de pasajeros que no se ha alcanzado y no se alcanzará, el MIO se pensó para 900 mil usuarios y escasamente llega la mitad, lo que les ha representado perjuicios financieros.

Ante este panorama, las partes deberían solucionar el futuro inmediato ya y dejar el ayer en manos de un tribunal de arbitramento, o, de lo contrario, el sistema integrado de transporte masivo puede colapsar. Esto es que se desembolsen los $75 mil millones con compromisos claros de cumplimiento en el servicio, mientras que las partes buscan el mejor acuerdo posible para solucionar el error que otros cometieron hace más de 15 años al proyectar el MIO.

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