Antes de hacer cualquier consideración sobre el caos vial que vivió Cali ayer debido a los bloqueos realizados por conductores y propietarios de busetas del servicio público tradicional, que terminaron en enfrentamientos con la Fuerza Pública y agresiones a la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo, es necesario sentar una voz de rechazo total a las vías de hecho y al vandalismo; el ejercicio del derecho a la protesta no implica la violación del derecho a la movilidad de miles de caleños ni justifica atentar contra el patrimonio público, quien viola este principio, pasa de manifestante a vándalo.

Sin embargo, la equivocada conducta de los protagonistas de los bloqueos y las revueltas de ayer no puede ocultar dos graves problemas que hay de fondo: uno social y otro de transporte. Sin duda, la posición de los pequeños transportadores que deben chatarrizar sus vehículos es de desventaja, la mayoría de los conductores quedan desempleados con la salida de circulación de estas busetas y los propietarios no tienen margen de negociación, o aceptan o aceptan el precio de pago, aunque no estén de acuerdo con él. Del otro lado están los pasajeros del transporte público colectivo, que están preocupados por la cancelación de rutas que aún el MIO no suple oportunamente; ahí hay un punto preocupante, pues esta incertidumbre ha generado una solidaridad pasiva de los usuarios con las protestas, aunque estas, por los traumatismos viales los terminen afectando.

La Alcaldía de Cali no se puede quedar solo en la viabilización financiera del sistema, que es importante y vital para el sostenimiento del mismo, pero debe haber un equilibrio procurando el beneficio de todos los actores del transporte público en la ciudad.

Por lo anterior el llamado es al diálogo, pero con posibilidad real de concertación, hay que demostrar que Cali puede buscar un punto en el que todos ganen con la consolidación de su sistema integrado de transporte masivo.

Comments