Ojalá la condena al exmagistrado Francisco Ricaurte, a quien un juez declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho y utilización de información indebida privilegiada, dentro del escándalo conocido como el cartel de la toga, no sea un hecho aislado sino el inicio de un proceso de depuración de la justicia colombiana.

Lamentablemente, el cartel de la toga es solo la punta del iceberg de un fenómeno que le ha hecho y le sigue haciendo mucho daño al país: la corrupción del sistema judicial.

Otra sería Colombia si la justicia funcionara como tiene que funcionar y no mediaran consideraciones especiales ni amiguismos ni la compra y venta de imputaciones y absoluciones, pues los corruptos no tendrían escapatoria.

La justicia es la columna vertebral de un Estado, porque es la encargada de garantizar los derechos de todos y, dentro de esa función, debe controlar a los otros dos poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, para evitar que vulneren a la ciudadanía.

Pero lo que hoy se ve en Colombia es todo lo contrario, la connivencia de las tres ramas unidas por un factor común: la corrupción.

Es tal el descrédito de nuestra justicia que cualquier decisión que tome un juez o un fiscal, así esté ajustada al Derecho, termina puesta en duda por suposiciones de trasfondos transaccionales o políticos, pues los antecedentes han creado una desconfianza monumental y, en gran medida, justificada.

Por eso es que, retomando el planteamiento inicial, el país requiere que la condena al exmagistrado Ricaurte no sea el único caso en el que la justicia llegue hasta el fondo para esclarecer la verdad, caiga quien caiga, pues si sistema judicial no se depura, la corrupción será cada vez mayor y Colombia no podrá avanzar.

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