Esta sociedad necesita funcionarios con menos ínfulas de doctores y con más vocación de servicio.

La decisión del alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien mediante un decreto pedagógico busca eliminar del vocabulario de la administración municipal la palabra “doctor”, tiene un gran significado, y, contrario a la trivialización que algunos han tratado de darle, el tema es más profundo de lo que parece.

En nuestro país, sobre todo en la administración pública, se sufre de doctorcitis, y a cualquiera que vista corbata o tenga un cargo con un mínimo de poder se le llama “doctor”, lo sea o no. El uso de esta palabra crea una categoría especial, en la que el “doctor” es una especie de superior, algo muy peligroso si se lo cree un funcionario público a quien un ciudadano se refiera con este término.

El mensaje de Armitage, entonces, más que apostarle a que los ciudadanos no les digan “doctor” a los funcionarios está enfocado en que los servidores públicos entiendan que sus cargos no los hacen ni superiores ni especiales, sino que son ciudadanos iguales al más pobre y necesitado que acuda a sus oficinas a realizar un trámite o a pedir cualquier ayuda oficial.

En resumen, los funcionarios públicos, doctores o no, deben servir sin la distancia que imponen este tipo de calificativos, tratar bien a los ciudadanos y esforzarse por atenderlos lo mejor posible.

Este mensaje debe permearse a toda la sociedad, en todos los estamentos y en todos los escenarios, no solo en el sector público, para avanzar en el reconocimiento de la igualdad como base del respeto y la convivencia pacífica.

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