Este sábado, 29 de octubre, habrá nuevamente marchas contra las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cuando no se han cumplido ni siquiera tres meses de mandato, es la tercera vez que la ciudadanía se movilizará para llamar la atención sobre políticas que generan gran preocupación.

No se trata solo de rechazar la reforma tributaria, que aumentará la ya elevada inflación y atenta contra la generación de empleo; sino también la política minero energética, que puede convertir a Colombia en un país dependiente en materia de combustibles, pues tendría que comprar el gas y el petróleo que hoy produce; lo mismo que la reforma a la salud, que claramente busca acabar con las EPS, así como los proyectos legislativos que, dentro de la llamada “paz total”, pueden terminar creando un marco de impunidad para los criminales.

Ojalá el presidente Petro y sus ministros escuchen el llamado de los marchantes, pues los temores y preocupaciones que hay en torno al manejo económico del país no son infundados.

En los últimos dos meses se ha visto cómo los desacertados anuncios hechos por el gobierno nacional han generado desconfianza en los mercados internacionales y ocasionado que el peso tenga una devaluación mayor a la de otras monedas.

Es igualmente claro que los anuncios en materia de tierras y el enfoque dado al manejo de la seguridad han redundado en el aumento de invasiones de predios, así como en el desconocimiento de la fuerza pública, que también parece haber bajado la guardia en la lucha contra las organizaciones criminales.

En ese sentido, estas marchas no pueden ser vistas como revanchas políticas, porque no lo son, se trata de manifestaciones ciudadanas que deben ser tomadas en cuenta para corregir el rumbo. Ojalá el gobierno escuche a los colombianos.

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