Negar el mal manejo de la lucha contra los cultivos ilícitos no resuelve nada, hay que actuar.

Colombia está al borde de ser descertificada en materia de lucha anti drogas por Estados Unidos, ante el crecimiento inucitado de los cultivos ilícitos.

Los funcionarios que se pronunciaron ayer frente al tema se mostraron molestos, pero, a decir verdad, la posición de Estados Unidos está basada en una realidad: hace un par de meses, en su informe anual, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, confirmó que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 52 % en 2016, al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas. Por eso, contrario responder con explicaciones, lo que debería hacer el presidente Juan Manuel Santos en este caso es responder con acciones.

No se trata de darle gusto o no al presidente estadounidense, Donald Trump, se trata de reconocer que durante el actual gobierno Colombia cedió terreno frente a los cultivos ilícitos y que ese crecimiento ha aumentado la oferta de droga interna y externa y los problemas de seguridad ligados al negocio del narcotráfico, como el surgimiento de nuevas bandas criminales y la consolidación de las disidencias de las Farc.

Perseguir el narcotráfico desde el inicio de la cadena es algo que se debe hacer sí o sí, independientemente de que Estados Unidos vete al país. Sin embargo, se deben medir las consecuencias económicas y diplomáticas que puede traer para Colombia la descertificación en materia de lucha antidrogas.

Lo peor de todo es que el acuerdo con las Farc dejó al Gobierno maniatado en la erradicación de cultivos, pues obliga a concertar y a privilegiar el lento y peligroso proceso manual, lo que inevitablemente juega en favor de los narcotraficantes y pone a Colombia de nuevo en una posición compleja frente a la comunidad internacional.

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