La tragedia que dejó 51 muertos en la cárcel de Tuluá pone nuevamente en la lupa la precariedad del sistema carcelario. Solucionar la crisis del sistema es otro de los retos del nuevo gobierno, una tarea que ha evadido sistemáticamente el Estado.

Perder la libertad ya es una tragedia. Sin importar el motivo por el que se llega a una cárcel la vida en esos centros debe ser digna mientras se paga la deuda con la sociedad y además debe ser un espacio en el que las personas se encausen para que al cabo de sus condenas puedan servirle a la sociedad.

Sin embargo, estos espacios son todo lo contrario. El hacinamiento es el más evidente de los problemas pero hay muchos más como la vida delincuencial que continua en su interior y que generan situaciones como la vivida en la cárcel de Tuluá.

Sin embargo, el problema es más de fondo. La situación de las cárceles evidencia la grave crisis social, de seguridad y de justicia que afrontamos.

En ese orden de ideas hablar de construir penales o de reformar el sistema carcelario ataca síntomas leves de una enfermedad grave.

Para solucionar el problema de fondo hay que hablar de la justicia en nuestro país, un sistema en extremo punitivo y lento, que hace que a los penales lleguen personas sindicadas que podrían defenderse estando por fuera y en muchos casos personas condenadas erróneamente, una tragedia aún mayor.

Lo complejo de esta crisis, como muchas de nuestro país, es que la solución requiere voluntad política, debates de fondo e inversión.

Condiciones que no hemos tenido en décadas. ¿Le habrá llegado la hora al sistema carcelario? o las promesas de meterle la mano serán producto de una reciente pero no nueva tragedia.

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