Aunque no se puede desconocer el esfuerzo que ha hecho la actual administración municipal para reducir el homicidio este delito sigue intimidando a los caleños.  Al 28 de noviembre, 1.199 personas habían muerto violentamente.

A pesar de las disminución del 13%, Cali sigue siendo una de las ciudades más violentas del país. Cerca del 60% de estas muertes están vinculadas a venganzas entre bandas pero el otro 40% son ciudadanos del común que mueren por la intolerancia, las balas perdidas o las llamadas fronteras invisibles.

Combatir las causas de estas muertes es uno de los retos de la nueva administración pues están haciendo invivible el oriente.

En Aguablanca cualquier persona que no acate las leyes de las pandillas es una víctima potencial como lo confirma el niño que fue asesinado por traspasar una frontera.

Según datos de la personería, en la ciudad hay 134 pandillas y se estima que a ellas pertenecen 2.000 personas que viven del menudeo de estupefacientes y de las microextorsiones.

Esta cifra es alarmante. Para dimensionarla basta compararla con los 8.000 miembros activos de las Farc que operan en todo el país.

Así, las cosas Cali tiene un brazo armado ilegal que opera en solo 5 comunas.

Cuando estas cosas suceden lo primero que pedimos los ciudadanos es acción de las autoridades.

Sin embargo, nuestra sociedad también debe meditar sobre el papel que juega la impunidad en la entronización del crimen.

En un país donde el 98% de los delitos quedan impunes es muy fácil que se fortalezca el negocio del crimen.

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