Al replegar a las Fuerzas Armadas, el Gobierno ha permitido la consolidación de esta banda criminal

Al revisar el balance del paro armado decretado por el clan de los Úsuga en ocho departamentos se concluye que esta organización delincuencial ha alcanzado gran control territorial.

En la jornada de dos días hubo cuatro asesinatos atribuidos a esta banda criminal, nueve hostigamientos, ocho incendios de vehículos, un ataque al transporte público, cinco vías bloqueadas y suspensión de actividades en 36 municipios.

Es tal el poder que han alcanzado los Úsuga que las actividades criminales enmarcadas en el paro armado no se limitaron a apartadas zonas rurales, dos capitales de departamento fueron cubiertas por la jornada de intimidación criminal. Uno de los vehículos quemados fue un bus al que le prendieron fuego en plena zona urbana de Medellín, mientras que el sábado 2 de marzo no se pudo realizar la marcha de protesta contra el Gobierno Nacional porque, ante las amenazas de esta banda, no se podía garantizar la seguridad de quienes participaran en la movilización pacífica.

Lo que revelan estos hechos es un alarmante retroceso en materia de seguridad, como lo muestra el temor de los ciudadanos a viajar por carretera desde y hacia las zonas en las que hace presencia este grupo ilegal.

El país está perdiendo los territorios y la tranquilidad que había recuperado. Por cuenta del proceso de paz, el repliegue de las Fuerzas Militares ordenado por el Gobierno Nacional para evitar confrontaciones con la guerrilla, ha sido aprovechado por otros actores ilegales para tomar el control territorial en varias zonas.

Las bandas criminales, entre ellas el clan de los Úsuga, son tal vez la amenaza armada más peligrosa que haya surgido en Colombia, pues es una mezcla de lo peor de todas las demás: allí hay exguerrilleros, exparamilitares y narcotraficantes. ¿Qué tanto más esperará el Gobierno Nacional para actuar ante una amenaza de tal magnitud?

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