Cali, mayo 20 de 2022. Actualizado: viernes, mayo 20, 2022 01:50

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Los peros del plan desarme

Las armas deben ser un monopolio del Estado, no cabe duda, pero las autoridades sólo deben desarmar a los ciudadanos cuando estén en capacidad de garantizarles su seguridad. En ese sentido, la propuesta de implementar la restricción al porte de armas en las 22 comunas de Cali resulta discutible.

La efectividad de la restricción al porte de armas tiene doble filo, pues quienes actúan al margen de la ley no tramitan salvoconductos ni se guían por permisos de las autoridades para salir a delinquir y utilizar una pistola o un revólver para intimidar o matar. Al contrario, cuando se adopta esta medida, los ciudadanos de bien que portan armas como medio de protección personal ante la desbordada inseguridad quedan aún más vulnerables ante la amenaza de los delincuentes.

Más que decretos que restringen el armamento legal, lo que se requiere son acciones intensas y sostenidas para desarmar a los delincuentes, de allí que sea necesario que los operativos encaminados a detectar y decomisar todo tipo de armas, no sólo las de fuego sino también las blancas, sean permanentes para reducir, además del homicidio, todo tipo de delitos.

Sin embargo, para que la Fuerza Pública tenga la capacidad operativa necesaria para lograr alta efectividad en el desarme de la delincuencia se requieren recursos, pero dentro del presupuesto del año entrante no se contará ni siquiera con la cuarta parte de los $100 mil millones que el alcalde Rodrigo Guerrero prometió en campaña para la seguridad, y mientras esto no se cumpla, la limitante que impone la falta de motos y patrullas y la falta de combustible para movilizar las que hay, las limitaciones de las autoridades seguirán jugando a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien.

Sí al desarme, pero de los delincuentes. Sí al desarme general, pero cuando las autoridades garanticen la integridad de los ciudadanos.

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