Las denuncias de alquiler y dopaje de niños que son usados para mendicidad en Cali y los resultados de la encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes, realizada por el Ministerio de Salud, muestran cómo este es un mundo cada vez más hostil para quienes crecen.

En el caso del Valle del Cauca, el estudio del Ministerio de Salud arrojó cifras que preocupan y avergüenzan: el 41% de los menores de edad ha sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual. En el caso de las niñas y adolescentes, la encuesta arrojó que el 11% ha padecido tocamientos no deseados, el 6% sufrió intentos de sexo forzado, el 3.9% tuvo sexo por presión o coersión y el 3.2% tuvo sexo a la fuerza.

Siempre que se abordan estos temas se llega a la petición del endurecimiento de los castigos para quienes cometen delitos contra los menores de edad, y eso está bien, pues la Constitución política de nuestro país consagra que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Sin embargo, este es un asunto que no se resuelve únicamente aumentando las penas.

Sí, las sanciones contra quienes cometen estos crímenes deben ser ejemplarizantes, pero la sociedad y en especial los padres de familia, deben preguntarse cuál es la razón por la que la violencia infantil es cada vez mayor.

Sin que esto justifique a los criminales, la vulnerabilidad de un niño es mayor ante los peligros cuando sus padres los descuidan, pues en muchas ocasiones el abusador está cerca, incluso dentro de la propia familia. Además, la sociedad comete el error de callar cuando los maltratadores son los padres.

Es necesario reflexionar sobre el papel de la paternidad para avanzar hacia una sociedad en la que se tenga plena certeza de las responsabilidades que implica tener hijos, para que sólo se conviertan en padres quienes estén dispuestos a cumplirlas.

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