Las denuncias sobre la desaparición de jóvenes en el sector de Llano Verde, en el oriente de Cali, no se deben subestimar. Lo que ha informado la comunidad es que la industria criminal está reclutando a menores de edad, que son utilizados como cobradores del “gota a gota” y distribuidores del microtráfico, y que según algunas versiones son llevados por grupos armados ilegales que operan en la región.

Si bien se requieren medidas sociales que blinden a los jóvenes frente a las tentaciones de la ilegalidad, estas requieren un trabajo de largo plazo; mientras tanto se necesita urgente un plan de choque que impida que los delincuentes los recluten.

Sorprende la facilidad con la que emisarios de estas organizaciones van por los barrios atrayendo jóvenes hacia el mundo del delito. En ese sentido, se hace necesario, además de una mayor presencia de las autoridades en los sectores afectados por este flagelo, un mayor trabajo de inteligencia que permita desarticular estas bandas y judicializar a sus integrantes.

Llevar a los menores de edad al crimen, por inducción o por obligación, debe tipificarse como un delito de extrema gravedad que se castigue con penas severas y ejemplarizantes.

Cuando un menor de edad es arrancado de su vida normal para ser instrumentalizado por la industria criminal, no solo se le ocasiona un daño irreparable a él y a su familia, sino a toda la sociedad, que pierde a alguien que pudo aportarle y que ahora actuará en contra de ésta.

Si nuestro país no hace un gran esfuerzo para cerrar las puertas que llevan a más jóvenes a convertirse en delincuentes, no habrá acciones policivas que den abasto para contener las inseguridad y la violencia.

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