En la última semana, a raíz de decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral, se ha hablado mucho de candidaturas que han sido revocadas, a lo largo y ancho del país, debido a inhabilidades legales.

Las inhabilidades son restricciones que impiden que ciertas personas puedan ser candidatas o elegidas para ocupar cargos públicos y están establecidas en la ley con el propósito de garantizar la idoneidad y la integridad de quienes ocupan posiciones en el gobierno.

Las inhabilidades pueden estar relacionadas con aspectos como antecedentes penales, conflictos de interés, relaciones familiares con funcionarios públicos, entre otros factores, y buscan asegurar la transparencia y la imparcialidad en la administración pública.

Entre las inhabilidades más comunes está la de haber ocupado cargos públicos durante el último año antes de las elecciones o tener un familiar en primer grado que lo haya ocupado en ese mismo tiempo o haber celebrado contratos dentro de la ciudad o departamento en el que se aspira durante ese lapso.

En ese sentido, cuando un ciudadano planea postularse a un cargo de elección popular, es su deber verificar que no esté incurso en una inhabilidad, pues quien se postula y tiene un impedimento legal, se expone a que su candidatura sea revocada o, en caso de ser elegido, a que su elección sea anulada.

Ejemplo de esto último es lo ocurrido con Antanas Mockus, quien llegó al Senado pero su elección fue anulada porque, como representante legal de una fundación, había suscrito contratos con el Estado un año antes de su elección.

El voto de quienes confiaron en Mockus se perdió.

Por ello, en el caso de la elección de alcaldes y gobernadores, es clave que los candidatos sean responsables, pues de llegar a ganar, tarde o temprano su elección será anulada y tocará convocar a nuevas elecciones, generando inestabilidad política y administrativa para el municipio o el departamento y gastos innecesarios en nuevas votaciones.

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