El problema de los hospitales está pasando de castaño a oscuro. Uno a uno, los centros asistenciales de la región han anunciado que pronto tendrán que dejar de prestar algunos servicios de salud por cuenta de su difícil situación financiera. La alerta más reciente la dieron las directivas del hospital San José, de Popayán, el más importante del Cauca, que funcionaría hasta junio si sus deudores no se ponen al día; las EPS deben $120 mil millones a éste y a todos los centros asistenciales de este Departamento.

El mismo problema se repite en el Valle del Cauca y en todo el país, pues hace parte de un círculo vicioso originado por el propio Estado: las EPS no les pagan a los hospitales, porque el Gobierno no les paga a las EPS.

Si bien es cierto que se debe buscar la optimización de los recursos destinados a la salud y evitar la intermediación que encarece los servicios y propicia la corrupción, para lo cual se requiere una reforma que haga sostenible el sistema en el largo plazo, la coyuntura actual sólo se soluciona si el Gobierno Nacional paga; de lo contrario, este año los colombianos tendrán que ver el cierre de al menos un centenar de centros asistenciales y la congestión y posterior quiebra de los que queden abiertos, pues deberán recibir a los pacientes de aquellos que tengan que cerrar sus puertas por falta de recursos.

En la prolongada crisis de la salud, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se han quedado en el debate político, se han rasgado las vestiduras y han hecho diagnósticos, pero no han aplicado una solución de fondo que permita no sólo mejorar la atención, sino frenar el desangre financiero de los hospitales, que en su mayoría son fortines políticos de los que se benefician muchos, menos los pacientes.

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