La ley de pequeñas causas no debe ser aprobada tal y como está.

El proyecto de ley de pequeñas causas, al que le hace falta solo un debate en el Congreso de la República, tiene algunos artículos bastante peligrosos, entre ellos el que le da carácter de contravención a los hurtos por montos inferiores a 150 salarios mínimos mensuales vigentes, unos $103 millones. Quiere decir lo anterior que quien cometa robos avaluados en menos de este valor no iría a la cárcel, pero, lo que es peor, como lo advirtió el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el principio de favorabilidad, todas los delincuentes presos por hurtos que no superen esta cuantía, saldrían de prisión.

¿Cuántos delincuentes quedarían libres si el Congreso aprueba este despropósito? Lo peor es que los ladrones volverían a la calle con licencia para hacer de las suyas, con la tranquilidad de saber que no irán presos siempre y cuando el monto de sus robos no supere los $103 millones.

El hacinamiento carcelario no puede llevar a las autoridades a pensar que la solución está en la excarcelación de delincuentes. ¿Qué impacto tendría una decisión como esta en Cali? Sin duda, el incremento de los robos, que ya son demasiados, sería inmediato. No es así como se combate la congestión en las penitenciarías, es contrarrestando el delito desde lo policivo y previniéndolo desde lo social para tratar de evitar que más colombianos entren al mundo del hampa.

Afortunadamente ayer la Cámara de Representantes corrigió el otro artículo peligroso de esta ley, que tiraba por la borda el trabajo realizado para endurecer las penas contra los autores de ataques con ácido, que se castigan con penas entre los 30 y los 50 años de cárcel y que habrían pasado a ser considerados lesiones personales.

Cada ley que modifique otras debe ser para mejorarlas, no para volver atrás.

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