Con corte al año pasado las cifras de pobreza en nuestro país seguían siendo preocupantes, pues del total de colombianos, según datos del Dane, el 67% eran considerados pobres o vulnerables, cifra que inevitablemente lleva a preguntar cuáles serán hoy esas proporciones, cuando el país vive una compleja situación económica ocasionada por la pandemia del covid-19, que aún no ha terminado.

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con corte al 2019, el 35,7% de los colombianos eran pobres; el 31,3%, vulnerables; el 30,4%, clase media, y el 2.6%, clase alta. No hay que ser experto ni en economía ni en desarrollo para concluir que el 31 de diciembre de este año estas cifras serán mucho más graves y que, incluso, en el primer semestre de 2021, podrían empeorar.

Preocupa que, en medio de esta compleja situación, ante la pérdida de empleo ocasionada por el aislamiento obligatorio, el Gobierno Nacional se concentre solo en atender la coyuntura vía subsidios y no proyecte el desarrollo más allá de la emergencia. La urgencia por solucionar el problema de hambre de miles de colombianos puede llevar a ello. Las ayudas para la subsistencia son necesarias, claro que sí, pero la solución está en el estímulo a la generación de empleo formal, para evitar que las familias que habían salido de la pobreza se devuelvan a ese estado y, en el mediano y largo plazo, lograr que más colombianos salgan de esta condición.

Esto se logra enfocando los esfuerzos en garantizar la supervivencia de las empresas, para evitar más cierres y más desempleo, y dando facilidades y estímulos para la apertura de nuevos emprendimientos y premiando a las organizaciones que creen puestos de trabajo.

Esto, desde luego, debe estar acompañado de una apuesta por la educación, como vía de transformación y ascenso social.

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