Los debates sobre las reformas a la salud y pensional demuestran un preocupante desajuste entre los proyectos del gobierno nacional y la capacidad financiera del Estado y de los colombianos para llevar a cabo estos cambios.

Promover reformas estructurales en un país requiere un análisis minucioso y una gran dosis de responsabilidad tanto de quien las propone como de quien las define, pero, lamentablemente, es algo que falta en los casos en cuestión.

Ejemplo de ello es lo dicho en el caso de la reforma de salud por la congresista Martha Alfonso, quien dijo que el proyecto no cuenta con un concepto de viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda, porque “no creemos que lo requiera”.

Esta falta de claridad sobre cómo se financiará la reforma plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un sistema que ya enfrenta desafíos financieros significativos.

La salud es un derecho fundamental para los ciudadanos, por lo tanto, cualquier reforma en este ámbito debe ser cuidadosamente planificada y financiada de manera sostenible y, en el caso del proyecto en cuestión, que busca estatizar el sistema, hay que evaluar cuidadosamente la capacidad del Estado para asumir servicios que hoy son prestados por las EPS privadas, una infraestructura que con la que el gobierno no cuenta.

El caso de la reforma pensional es igualmente alarmante en términos financieros, pues elevaría la deuda pensional al 126 % del PIB, un aumento del 50 % con respecto al nivel actual, una carga insostenible para el país que puede ocasionar la quiebra del sistema de pensiones al cabo de unos años.

Contrario a la llevar los sistemas de salud y de pensiones a ser impagables, lo que requiere el país son reformas que optimicen los recursos y que partan de plantear qué es lo mejor que se puede hacer con la capacidad financiera del país; cualquier proyecto que no tenga este criterio, por bien intencionado que sea, es una soberana irresponsabilidad.

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