La reciente ocupación de terrenos en los cerros de Chipichape por un grupo de la minga indígena genera preocupación.

Este grupo llegó durante la madrugada del sábado, invadiendo propiedades de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y también predios privados vecinos.

La problemática de las invasiones en Cali no es nueva y trae consigo un costo social y económico que la ciudad ya no puede seguir pagando.

Permitir la ocupación ilegal de terrenos, ya sea públicos o privados, ha tenido consecuencias nefastas para el desarrollo urbano, la seguridad y el medio ambiente de la ciudad.

La historia reciente de Cali demuestra que la permisividad frente a estas situaciones ha generado un crecimiento desorganizado, tugurización de zonas y la proliferación de asentamientos subnormales, lo que complica aún más la gobernabilidad y la provisión de servicios básicos.

El ejemplo más claro es el Jarillón del río Cauca, donde por años se permitió la ocupación descontrolada, comprometiendo la seguridad de los caleños.

La falta de control sobre estas invasiones ha llevado a una inversión de más de un billón de pesos para evitar el colapso de esta estructura, demostrando lo caro que le ha salido a Cali esta política de “dejar hacer”.

A lo largo de décadas, las autoridades han optado por mirar hacia otro lado frente a la ocupación ilegal, creando una especie de imán que ha atraído a desplazados y migrantes de otras regiones del país.

Lo paradójico es que mientras las invasiones avanzan, muchos proyectos de desarrollo urbano que cumplen con todas las normativas permanecen estancados debido a la falta de visión de algunos funcionarios.

Es fundamental que el gobierno nacional deje de justificar las ocupaciones, pues solo logran consolidar un discurso de permisividad que alienta el uso de vías de hecho.

Proteger la propiedad privada y pública es un deber del Estado, y debe hacerlo sin ambigüedades.

La invasión de terrenos no es una expresión de reivindicación social, sino una acción que viola derechos, afecta la planificación urbana y pone en riesgo la convivencia y el desarrollo de la ciudad.

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