Esta semana nuevamente se anunció la prórroga del aislamiento preventivo obligatorio, que ahora irá hasta el 31 de agosto. Aunque muchos sectores han abierto y otros podrán hacerlo a partir del 1 de agosto, como las iglesias (que deberán tramitar un permiso y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad), buena parte de la economía sigue paralizada (como el transporte aéreo y terrestre de pasajeros, los restaurantes, los bares, las discotecas, los teatros y todo tipo de espectáculos presenciales). El objeto de este editorial no es controvertir sobre la extensión de las restricciones, pues el aumento de los contagios y de las muertes por covid-19, que indican que Colombia va en ascenso hacia el pico de la pandemia, las justifican.

Lo cuestionable es que muchas empresas y negocios de todos los tamaños siguen cerrados o funcionando a medias y, pese al alargue de las prohibiciones para que abran sus puertas, los beneficios (como exenciones, subsidios y otros tipos de ayudas) no fueron prorrogados. Es más, en agosto comenzarán a llegar los cobros de las facturas de servicios públicos que fueron cobijadas por un periodo de gracia en los primeros meses del aislamiento, así como los créditos que muchos empleadores tomaron para cubrir sus nóminas.

Es necesario extender los beneficios para evitar que más empresas cierren y que otras que continúan a media marcha tengan que despedir más personal. La economía está resentida y, si esto no se hace, en septiembre la crisis puede ser dos veces más grave que en la actualidad, lo que equivaldría a una bomba social.

El Gobierno Nacional debe jugársela con ayudas prontas para evitar que el cierre de las empresas genere una pandemia de hambre peor a la del covid-19.

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