Las amenazas de las disidencias de las Farc contra los candidatos a cargos de elección popular, además de un riesgo para quienes se postularán para las elecciones de octubre próximo, constituyen un peligro para la democracia colombiana.

Si bien no es la primera vez que las organizaciones criminales tratan de intervenir en procesos electorales, en la coyuntura actual la preocupación es mayor, pues las amenazas se dan en un contexto en el que la fuerza pública, en cumplimiento de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, ha reducido evidentemente sus acciones contra estos grupos al margen de la ley.

Es de vital importancia que las autoridades tomen medidas efectivas para evitar la interferencia de grupos armados ilegales en las elecciones para garantizar no sólo la vida de los candidatos, sino también para evitar que los ciudadanos vayan a las urnas con un fusil en la cabeza.

La reciente amenaza lanzada por la principal disidencia de las Farc, liderada por alias “Iván Mordisco”, hacia políticos y candidatos en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, es un claro indicador de la grave situación que enfrenta el país.

En el Cauca, en el Chocó y también en el Catatumbo, por citar los casos más críticos, el ELN, el clan del golfo y otras disidencias de las Farc representan también amenazas para las elecciones de octubre próximo.

En un sistema democrático es fundamental garantizar la participación libre de todos los ciudadanos en los procesos electorales.

Por eso, el gobierno nacional debe retomar la iniciativa en la defensa de los derechos de los civiles y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que el 29 de octubre no haya ningún lugar de Colombia en el que los violentos logren su cometido de impedir las elecciones o constreñir a los electores.

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