Antes de hacer cualquier comentario sobre las denuncias en contra del hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro, es necesario recordar que ambos tienen derecho a la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, las acusaciones contra Nicolás Petro, hechas por su propia expareja, Day Vásquez, que sostiene que el hijo del primer mandatario recibió dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial, así como los señalamientos contra Juan Fernando Petro, acusado de presuntamente cobrar altas sumas de dinero a narcotraficantes para incluirlos dentro de los beneficios judiciales de la “paz total” que impulsa su hermano, ameritan una investigación profunda no sólo contra los señalados, sino también contra altos funcionarios del gobierno nacional y el mismo presidente de la República.

Aunque hasta ahora se maneje la teoría de que los supuestos hechos en cuestión fueron a espaldas del presidente Petro, la coincidencia de una actitud benevolente del gobierno nacional frente al narcotráfico lleva inevitablemente a suspicacias que deben ser aclaradas.

Durante la campaña presidencial, el periodista Ricardo Calderón realizó una investigación que dio a conocer el “pacto de la Picota”, un supuesto acuerdo liderado por el hermano del presidente, a partir de reuniones con narcotraficantes presos, a quienes se les habría prometido beneficios a cambio de apoyar a Gustavo Petro, algo que el entonces candidato y su equipo negaron.

Sin embargo, tan pronto inició el gobierno se comenzaron a conocer determinaciones que claramente benefician judicial y operativamente al narcotráfico, como la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos y una ley de sometimiento que les permitiría a los narcos conservar parte de su fortuna, así como el compromiso de no extradición.

A esto se suma el llamado cese al fuego “bilateral”, que sólo cumplen el Ejército y la Policía y que permite que Farc, ELN y demás organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico puedan cultivar y procesar la cosa, así como comercializarla, sin tener que preocuparse por el acoso del Estado. ¿Es mucha coincidencia o en verdad el gobierno está cumpliendo compromisos asumidos con los narcos en campaña?

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