Casi todo lo anunciado desde Cuba está lleno de generalidades, sin compromisos claros de las partes.

El anuncio del acuerdo en el punto de víctimas demuestra que el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc está por concluir y que, si se mantiene el ritmo, el acuerdo final entre las partes se firmará en el primer semestre del año entrante, tal y como lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos desde septiembre pasado.

En medio de la ilusión de firmar un acuerdo para la desmovilización de las Farc, el país no ha analizado que los anuncios hechos hace un par de días desde La Habana están llenos de generalidades, sin que se aclare cómo se hará todo lo que se ha anunciado.

En el punto de la reparación a las víctimas, por ejemplo, no está claro de dónde saldrán los recursos, lo que deja una duda: ¿todo lo pagará el Estado o la guerrilla asumirá con sus propios recursos, como debe ser, el pago de las indemnizaciones por sus crímenes?

En lo referente a la justicia transicional ocurre lo mismo, se sabe que habrá un tribunal que juzgará los guerrilleros, pero el país no sabe aún cómo se conformará esta corte ni cómo funcionará.

Hoy la gran pregunta es si lo que no se ha anunciado ya está definido y no se le ha dado a conocer al país o si se definirá después de la firma del acuerdo final. Ambos escenarios son inconvenientes, el primero, porque los colombianos tienen derecho a conocer al detalle lo pactado entre el Gobierno y las Farc antes de que se vote el plebiscito, y, el segundo, porque no se entendería que se firmara un acuerdo final si todo, absolutamente todo, no está plenamente definido.

El aspecto filosófico del proceso de paz es claro y se comparte, pero el metodológico no, y no se le puede pedir a los colombianos que aprueben algo de lo que no tienen plena certeza.

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