La reforma agraria que presentará el nuevo gobierno a consideración del Congreso de la República genera inquietud respecto a lo que pueda venir en materia de propiedad privada.

En los adelantos que ha dado la ministra de Agricultura designada, Cecilia López, se habla de la compra de tierra improductiva para ser entregada a campesinos, lo que suena, en términos prácticos a expropiación, algo que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que no haría.

Por lo anterior, es importante que tanto el presidente electo como la ministra designada expliquen los alcances de esta iniciativa, así como la de gravar la tierra que se considere improductiva con mayores impuestos, pues ambas ideas generan inquietud en el sector agropecuario, no sólo por lo que representan frente a la propiedad privada, sino por las consecuencias que podrían traer para este sector.

Colombia ya desarrolló una idea en este sentido, la cual le dio vida al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, y que en nuestra región no tuvo el efecto esperado, sino que, por el contrario, generó más pobreza.

A partir de 1963 esta entidad compró tierras privadas, que no estaban en venta y que eran destinadas a agricultura o ganadería a gran escala, y las entregó divididas en parcelas a campesinos que las convirtieron en cultivos de pancoger y en algunos casos otras no fueron utilizadas.

En el departamento del Cauca abundan las historias que prueban el fracaso de esta figura.

Las preguntas en torno a la reforma agraria que presentará el nuevo gobierno son varias: ¿cómo se determinará que una tierra es improductiva? ¿Cómo se evitará que el aumento de los impuestos a la tierra rural termine por quebrar emprendimientos agropecuarios? ¿Qué se hará para lograr que las tierras que compre el Estado y le entregue a los campesinos sean realmente productivas y generen desarrollo socioeconómico?

Hay que darle la mano a los campesinos, pero tiene que ser de manera estratégica y sin atentar contra la agroindustria.

Foto: Pixabay

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