Por estos días, cuando comienza a calentarse el debate electoral, aumentan las denuncias por supuestos hechos de corrupción que involucran a precandidatos a los cargos que se elegirán el próximo 29 de octubre.

Desprevenidamente se podría creer que la temporada política alimenta el valor civil de algunos ciudadanos, que se atreven a poner en conocimiento público posibles actuaciones ilícitas con el propósito de librar a ciudades y departamentos de personas no idóneas para ocupar los cargos a los que aspiran.

Sin embargo, esta es una visión ingenua de una práctica que en muchos casos (no en todos) hace parte de estrategias encaminadas a desprestigiar candidatos y manipular electores.

Antes de avanzar en el tema es importante recalcar que el deber de todo ciudadano que tenga conocimiento de hechos de corrupción y demás acciones ilegales es formular la denuncia.

Sin embargo, genera demasiada suspicacia que muchas de estas denuncias se hagan precisamente en temporada electoral, sobre todo cuando muchos de los hechos en cuestión ocurrieron hace varios años.

Más sospechoso aún resulta que muchas de estas denuncias de época electoral las formulen personas con evidentes intereses políticos, como miembros de otras campañas o incluso otros candidatos y que en lugar de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, lo hagan a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Bienvenidas sean todas las denuncias que permitan destapar hechos de corrupción y depurar la política, pero los ciudadanos deben cuidarse de caer en juegos maquiavélicos que sólo buscan desprestigiar a candidatos y manipular su intención de voto a partir de escándalos que, pasadas las elecciones, terminan en nada.

Quien tenga denuncias que las haga, pero oportunamente. Ojalá esta campaña que comienza pueda concentrarse en las propuestas, pues los escándalos sólo sirven para crear un ambiente de confusión entre los electores.

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