El Estado no debe financiar procesos electorales para definir asuntos internos de los partidos políticos.

En las consultas populares realizadas el pasado domingo se invirtieron casi $20 mil millones y participaron solo 996.365 ciudadanos, del total de 33 millones que hay habilitados para votar, es decir, el 3%.

La comparación del elevado costo de este proceso con la muy baja participación reabrió el debate sobre la pertinencia de que un Estado con tantas necesidades destine sus recursos para financiar decisiones que las colectividades deberían tomar de manera interna.

Esta situación debe llevar a una reflexión profunda sobre el tema y a una reforma a las consultas populares, que deben ser financiadas por los partidos políticos que las realicen, no por el Estado.

Las colectividades tienen que resolver sus temas internos mediante mecanismos propios,  y si no son incapaces de lograr acuerdos, deben asumir el costo de convocar a todo el electorado a una consulta abierta.

Ya varios partidos políticos tienen definidos en sus estatutos procesos diferentes a las consultas populares para escoger a sus directivos; por ley debería establecerse que  todos hicieran lo mismo, para no desperdiciar en convocatorias inútiles recursos que podrían convertirse en inversión social.

En un país mayoritariamente abstencionista como Colombia, convocar a los ciudadanos a las urnas para definir asuntos internos de los partidos políticos solo sirve para cansar más a los electores.

Los partidos políticos deben apostarle a lograr  la madurez interna, a tener una estructura orgánica con las instancias y los mecanismos necesarios para escoger a sus directivos, para conformar sus listas a corporaciones públicas y para elegir sus candidatos a cargos unipersonales.

Ojalá los congresistas estén dispuestos a meterle mano a este tema y le pongan fin al derroche de recursos públicos en asuntos internos de los partidos políticos, que aplican muy bien este refrán: Lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta.

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