Cali, noviembre 21 de 2026. Actualizado: sábado, noviembre 21, 2026 02:00
Tuluá es, lamentablemente, el escenario de una tragedia creciente. Las amenazas a concejales, la cancelación de eventos emblemáticos, como la feria y hasta una procesión, muestran la complejidad de la situación que se vive en esta ciudad, y pese a que concejales y funcionarios del gobierno local están amenazados, la Unidad Nacional de Protección, a cargo del gobierno nacional, no les ha brindado el acompañamiento que su situación amerita.
Pero, no muy lejos de allí, en Cartago, los 55 homicidios registrados en lo corrido del año llevaron al alcalde Juan David Piedrahita a lanzar un llamado de auxilio al gobierno nacional.
En ambas ciudades vallecaucanas la violencia y la inseguridad es generada mayoritariamente por bandas. Algo que no dista mucho de lo que ocurre en otros centros urbanos, donde el accionar de estos grupos que se disputan todo tipo de negocios ilícitos, especialmente el microtráfico y la extorsión, siembran muerte y zozobra.
¿Qué más debe suceder para que el gobierno nacional actúe con la diligencia y la determinación que este momento exige?
En el caso del Valle del Cauca, la Gobernación del Valle del Cauca ha alzado su voz, instando a la Unidad Nacional de Protección a brindar la seguridad necesaria para quienes están en riesgo, y la gobernadora Dilian Francisca Toro ha atendido personalmente las situaciones que se han presentado en varios municipios, pero hace falta el respaldo decidido del gobierno nacional.
Los alcaldes, por más voluntad que tengan, no cuentan con los recursos ni la capacidad operativa para hacer frente a esta amenaza. Se necesita una revisión profunda de las políticas de seguridad del país.
¿Qué ha fortalecido a las bandas criminales y ha debilitado a las autoridades frente a éstas? Es evidente que se requiere una estrategia integral. Es hora de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y tome medidas.
Fin de los artículos
Ver mapa del sitio | Desarrollado por: