Es absurdo pedir que el Presidente de la Cámara se margine de un debate por su posición, lo que se le debe exigir es que dé garantías.

Que 30 congresistas le hayan pedido a Rodrigo Lara que se margine de la Presidencia de la Cámara de Representantes durante los debates de la Justicia Especial para la Paz, JEP, es un desconocimiento inadmisible de la institucionalidad.

Más allá de los reproches que, con razón, se le pueden hacer a Lara y a su partido, Cambio Radical, por las volteretas que han dado frente al tema, su actual posición crítica frente a la JEP no lo inhabilita para coordinar los debates, él o quien sea que ocupe la Presidencia de la Cámara tendrá una postura frente al tema que debe respetarse independientemente de que sea a favor o en contra.

Resulta ilógico y hasta absurdo que los mismos congresistas pretendan censurar el disenso en un tema que, por su importancia, requiere un debate intenso. ¿Si el presidente de la Cámara de Representantes fuera un defensor a ultranza de la JEP, también le pedirían que se marginara por su falta de independencia?

Ahora bien, a Rodrigo Lara hay que pedirle que garantice el equilibrio en los debates, que permita que todas las vertientes políticas se expresen y que no dilate las votaciones, pero de ahí a pedirle que se haga a un lado hay una gran diferencia, pues casi que se termina desconociendo la institucionalidad.

Esas son precisamente las actitudes que tanto disgustan cuando se mira hacia Venezuela, allá las instituciones y los funcionarios sirven en la medida en que validan lo que el gobierno manda, y cuando no lo hacen son perseguidos.

Aquí no se trata de defender a Rodrigo Lara, sino de exigirle al Gobierno Nacional y a sus aliados en el Congreso de la República que no desconozcan la institucionalidad en su afán de aprobar todo lo que las Farc piden.

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