Mientras se hacen recortes en áreas de inversión, la corrupción no se toca.

En materia presupuestal, Colombia es un país con recursos limitados (si se compara con países similares en población) y con muchas más necesidades, pero, además, tiene un pésimo manejo de sus finanzas, al que se suma el enquistado problema de la corrupción.

Si se recortara la corrupción y ese limitado presupuesto nacional, que para el año entrante fue aforado en $233.1 bi-llones, se invirtiera de manera acertada, no sería necesario reducir las inversiones en áreas tan importantes como el deporte, por ejemplo, que para el 2018 disminuirá el 62%. Aunque el presidente Juan Manuel Santos aclaró que el recorté será concretamente en infraestructura deportiva, el mensaje no deja de ser desalentador.

La noticia de este ajuste se dio de manera paralela con la re-velación de información según la cual algunos congresistas habrían recibido cerca de $84 mil millones en pago de coimas por su “gestión” (tráfico de influencias) en la asignación de contratos para la ejecución de grandes obras de infraestructura, lo que inevitablemente lleva a preguntar qué porcentaje del presupuesto nacional termina en el pago de este tipo comisiones, y cuántas obras y proyectos se dejan de hacer con esos recursos que terminan en los bolsillos de este tipo de personajes.

Con los recursos que se desvían a la corrupción, se podría cubrir, por ejemplo, el aumento del presupuesto para la defensa, que indiscutiblemente es necesario, ante el desbordado avance de los cultivos ilícitios y toda la cadena de inseguridad y violencia que de ello se desprende.

Es muy dura la situación presupuestal de la Nación, y más grave aún es que  mientras el Estado no se preocupe por optimizarlos, se necesitarán más recortes, porque más impuestos es impensable.

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