Si la reforma política es aprobada tal y como la presentó el gobierno nacional, será muy difícil que a las corporaciones públicas (concejos, asambleas y el Congreso de la República) lleguen figuras nuevas.

Lo planteado en el proyecto de acto legislativo que radicó el ministro del Interior, Alfonso Prada, claramente favorece la reelección de quienes ocupan las curules. La reforma busca establecer que las listas de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos sean cerradas, es decir, sin voto preferente.

En este tipo de planchas, el orden de los renglones determina la posibilidad de ser elegido; si a la colectividad le corresponde sólo una curul en determinada corporación, será para el candidato número 1, si son dos, serán para el 1 y el 2, etc.

Como es apenas obvio, definir el renglón que le corresponderá a cada candidato no será tarea fácil, pues todos querrán estar en las primeras casillas. Ante ello, el proyecto de reforma política busca establecer que la definición de las posiciones en la lista se haga “mediante mecanismos de democracia interna”.

Hasta ahí todo suena bien, pero ¿Quiénes tienen las estructuras electorales para ganar las consultas internas? La respuesta es obvia: los congresistas, los diputados y los concejales.

Un candidato nuevo que ingrese a una colectividad competirá en desventaja con los dueños de las curules o con los herederos de éstos.

Más allá de argumentar que así lo hacen en Europa, el gobierno nacional y sus aliados en el Congreso no han podido explicar las ventajas de este esquema electoral.

Las listas cerradas deben ser opcionales, como se han manejado hasta ahora, imponerlas restringe la democracia, porque otorga demasiado poder a las maquinarias y deja en una posición de desventaja a los candidatos nuevos.

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