Las autoridades de Cali encendieron las alarmas ante el preocupante aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos criminales.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que sigue creciendo y consolidándose, a medida que la economía ilegal ofrece a los jóvenes opciones que el Estado y el sector productivo no han podido igualar.

La realidad es cruda: para muchos adolescentes, vincularse a estas estructuras resulta más rentable que cualquier otro camino.

Mientras que la educación y el empleo formal les ofrecen pocas certezas y un horizonte difuso, la ilegalidad les promete dinero rápido, poder y estatus.

Sin embargo, lo que en un principio parece atractivo, termina convirtiéndose en una trampa mortal: quienes entran en este mundo rara vez logran salir con vida o sin enfrentar las graves consecuencias de un sistema criminal que los usa y los desecha.

La dimensión del problema es enorme.

Estamos hablando de una economía ilegal que mueve billones de pesos en narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

Estos grupos tienen la capacidad de ofrecer incentivos económicos inmediatos a los jóvenes, mientras que el Estado, con sus limitaciones y lentitud burocrática, se queda rezagado.

El reto es claro: ¿Cómo atraer a los jóvenes hacia la legalidad? No basta con campañas publicitarias o programas asistenciales que no generan cambios estructurales.

Se requiere una estrategia agresiva y creativa, que les garantice oportunidades reales de empleo, educación y emprendimiento.

La articulación entre el sector público y el privado es clave para crear alternativas sólidas, que compitan con la oferta criminal y les brinden un futuro digno.

El reclutamiento de menores no es solo un problema de seguridad, sino una falla estructural del sistema.

Si no se toman decisiones contundentes y se actúa con urgencia, las bandas criminales seguirán aprovechando el vacío que deja la ausencia del Estado, condenando a miles de jóvenes a una vida de violencia y muerte.

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