Uber es, sencillamente, una realidad de los cambios tecnológicos que debe aceptarse.

Las protestas adelantadas por taxistas en diferentes ciudades del país para exigir que no se permita la prestación de servicio de transporte público a vehículos particulares a través de la apliación Uber amerita una reflexión desapasionada.

Para quienes no lo tienen claro, Uber es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte, a través de una apliación móvil que conecta a los pasajeros con los conductores. En resumen, se pide el servicio a través de un teléfono inteligente que registra toda la información del conductor y del pasajero, que paga con tarjeta de crédito.

Lo primero que hay que decir es que los taxistas no pueden reclamar la exclusividad, pues si Uber está operando es porque hay usuarios que demandan este servicio que, aunque más costoso, les garantiza vehículos en mejor estado, de mejores características y, en alguna medida, mayor seguridad.

Ahora bien, en lo que tienen razón los taxistas es en la desigualdad de costos de operación, pues mientras que ellos, por operar vehículos de servicio público, pagan más impuestos y seguros con tarifas más altas, quienes trabajan con Uber son considerados vehículos particulares. Ese es un tema que el Estado debe abordar, porque este servicio ya es una realidad, tiene demanda y seguirá operando, por lo que debe ser reglamentado.

Oponerse a Uber es como si los medios de comunicación tradicionales se hubieran opuesto a los nuevos medios que llegaron con Internet. Hay que aceptar que la tecnología está revolucionando  todos los negocios, entre ellos el transporte. En Europa, por ejemplo, hay páginas web y aplicaciones que permiten a quienes viajan en vehículo particular ofrecer el servicio de transporte a quienes van en la misma ruta, y así todos abaratan costos.

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