En un país con los elevados índices delictivos que tiene Colombia, y en el que la falta de recursos de los organismos de seguridad del Estado es el principal problema para afrontar el crimen, sorprende que en sólo cinco meses el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León Riaño, haya recibido $120 millones por concepto de condecoraciones.

Además de la alta suma que acompañó las cinco condecoraciones recibidas por el oficial, sorprende también que éstas no se dieron por acciones heroicas o extraordinarias, sino por el simple cumplimiento de su deber, como la coordinación de la seguridad de la Cumbre de las Américas o el diseño del Plan Cuadrantes, que es para lo que el Estado le paga.

Al conocer este caso, que seguramente no es único, es inevitable preguntarse cuánto le cuestan al Estado las condecoraciones que reciben los altos oficiales no sólo de la Policía, sino también del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional al año. Ese es un dato que el Ministerio de Defensa debe entregarle al país para acto seguido modificar el sistema de exaltaciones a los miembros de la Fuerza Pública, no para acabar con los reconocimientos, pues todo aquel que se destaque en su trabajo los merece, sino para quitarle el componente monetario a las medallas.
¿Por qué no utilizar esos recursos para cubrir las múltiples necesidades operativas de la Fuerza Pública? En el caso de la Policía, por ejemplo, los $120 millones que acompañaron las cinco condecoraciones que recibió el general León alcanzarían para pagar el salario mensual de 80 patrulleros.

A los generales les pueden llenar el uniforme de medallas si así lo merecen, pero el Gobierno Nacional debe establecer cuál es la prioridad de los recursos de la Policía y las Fuerzas Militares: ¿combatir el crimen o financiar la feria de las condecoraciones?

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