Colombia está llegando a unos límites demasiado peligrosos en materia de seguridad, como lo evidencian los hechos registrados durante el pasado fin de semana. El viernes fue lanzada una granada contra policías en Cali, hecho en el que resultaron heridos dos uniformados y un civil; el sábado hubo un atentado contra el gobernador del Caquetá, en el que perdieron la vida dos policías y cuatro más resultaron heridos, y los hostigamientos registrados en tres municipios del departamento del Cauca, donde en el primer mes del año se presentaron dos masacres, son hechos que comprueban la intensificación de la actividad criminal y que obligan a hacer un llamado al Gobierno Nacional a garantizar la vida y bienes de los colombianos.

Con este panorama, la seguridad debe ser un tema central de la campaña política y los candidatos a la Presidencia de la República tienen que comprometerse con la recuperación de la ley y el orden. Sean de la línea ideológica que sean, quienes aspiran a gobernar el país están en la obligación de combatir el crimen sin ningún distingo político.
Por ello preocupa que algunos utilicen la pobreza como justificación de la violencia y la inseguridad que se vive en el país, esto no solamente es un sofisma sino un insulto que sataniza a los colombianos de escasos recursos que viven honradamente.

Que no nos vengan con cuentos, las disidencias de las Farc no son producto de la pobreza, son producto de la ambición y su razón de ser es el narcotráfico, y la única manera de detener su avance y evitar que alcancen la misma capacidad de daño que tuvo la guerrilla de la que surgieron es que el Estado las someta y las combata. La seguridad tiene que ser una prioridad.

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