La intervención de dos de las EPS más grandes del país, Sanitas y Nueva EPS, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro genera serios cuestionamientos sobre su verdadera motivación.

¿Es esta una retaliación política por el hundimiento de la reforma a la Salud en el Senado de la República?

Resulta difícil no cuestionar la naturaleza de estas intervenciones, especialmente cuando hay información que indica que la Superintendencia Nacional de Salud no estaría en condiciones de asumir el manejo de estas EPS.

Según un informe de la Contraloría, revelado por Caracol Radio, las intervenciones a otras EPS no han arrojado resultados alentadores.

Más bien, han llevado al deterioro de las entidades intervenidas, afectando directamente la calidad de atención a los usuarios y comprometiendo los recursos del sistema de salud.

Tiene razón Alejandro Gaviria, exministro de Salud, al cuestionar estas intervenciones, las cuales considera parte de una política gubernamental para quedarse con la administración de todo el sistema de salud, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la eficacia de tales medidas.

¿Está utilizando el gobierno la SuperSalud como un instrumento para implementar una reforma que no pudo lograr por medios legislativos?

Además, no se puede pasar por alto el papel del propio gobierno en la crisis que enfrentan las EPS.

Los retrasos en los giros de recursos y la falta de cumplimiento de obligaciones financieras por parte del Estado han contribuido significativamente al deterioro de las EPS y, en última instancia, han allanado el camino para su intervención.

La intervención de la Nueva EPS, una entidad pública gestionada por el gobierno de Gustavo Petro desde hace más de un año y medio, suscita aún más preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para administrar eficazmente incluso las entidades bajo su control directo, lo que arroja serias dudas sobre su idoneidad para intervenir EPS privadas.

El “remedio” parece ser peor que la enfermedad.

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