La incertidumbre manifestada por agremiaciones médicas y ligas de usuarios en torno a la reforma a la salud que presentará el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República es válida, pues más allá de la evidente intención de estatizar el sistema, la ministra Carolina Corcho no ha entregado detalles de cómo haría el Estado para garantizar los servicios que hoy se prestan con infraestructura de EPS e IPS privadas, pues los hospitales públicos no cuentan con capacidad para hacerlo.

Petro y Corcho han soltado algunos detalles sin profundizar, pero estos, sumados a sus insistentes declaraciones contra las EPS, dan a entender que, de ser aprobada la reforma a la salud, Colombia regresaría al sistema que tenía hace más de 20 años, cuando el Seguro Social, los hospitales y los puestos de salud no daban abasto y eran manejados como negocios particulares por congresistas, diputados y concejales que los administraban a través de cuotas.

Hasta el momento los anuncios al respecto han sido genéricos, como el de llevar “médicos y médicas a cada hogar en el territorio colombiano”, hecho por el presidente de la República, pero no han dicho cómo lo harían ni cuánto costaría ni quién lo administraría.

Y si preocupa que no se conozcan los detalles de la reforma a la salud, más preocupa lo que pueda pasar en el Congreso de la República, pues con el trámite acelerado de la reforma tributaria, el gobierno nacional ya demostró que tiene el control sobre unas mayorías dispuestas a aprobar a pupitrazo lo que les pidan desde la Casa de Nariño, con tal de mantener los beneficios que les otorga estar en la coalición gobiernista.

Las EPS, aunque tienen fallas, brindan un servicio mucho mejor que el prestado por el sistema de salud cuando era completamente público. Una cosa, entonces, es corregir las fallas de estas entidades, que sería lo lógico, y otra, muy diferente, acabarlas para volver a un sistema fracasado.

Foto: Pexels

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