El rechazo de la Superintendencia Nacional de Salud a la solicitud de desmonte progresivo de EPS Sura evidencia una profunda contradicción en la política del gobierno del presidente Gustavo Petro hacia el sistema de salud.

Por un lado, busca debilitar a las EPS, pero, por otro, no permite que aquellas que enfrentan crisis financieras se retiren del sistema.

En lugar de ofrecer soluciones estructurales o recursos suficientes, el gobierno mantiene un discurso ambiguo que agrava la incertidumbre tanto para los prestadores como para los usuarios.

La realidad es clara: Sura, como muchas otras EPS, opera con un déficit insostenible debido a que el gobierno no paga lo suficiente por paciente.

Cada servicio prestado aumenta las pérdidas, lo que lleva a las aseguradoras al borde de la quiebra.

Sin embargo, el Estado insiste en mantenerlas operando sin reconocer que, mientras el sistema actual esté vigente, su responsabilidad es garantizar su funcionamiento adecuado.

Obligar a las EPS a continuar bajo estas condiciones sin cumplirles con los recursos necesarios es no solo irresponsable, sino también una falta de coherencia con el principio de priorizar la salud de los colombianos.

EPS Sura, reconocida como una de las mejores del país, ha mostrado disposición para colaborar con el gobierno y buscar soluciones.

Pero esta buena voluntad no será suficiente si el Ejecutivo no toma medidas inmediatas para resolver los problemas estructurales del sistema.

La financiación adecuada, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y el reconocimiento de los costos reales de los servicios son acciones urgentes que el gobierno debe implementar.

No se trata de salvar a las EPS por ellas mismas, sino por los millones de usuarios que dependen de estas para acceder a servicios médicos esenciales.

La contradicción de este gobierno es evidente: busca desmontar el modelo actual, pero no tiene un plan alternativo claro ni los recursos para asumir directamente la operación del sistema de salud.

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