La proposición presentada en la plenaria del Senado para pedirle a esa corporación que solicite un examen médico para verificar el estado de salud del presidente de la República, Gustavo Petro, debe verse más allá de las pasiones políticas.

Lo primero que hay que decir al respecto es que el estado de salud del presidente de la República, sea quien sea, es un asunto de interés nacional porque afecta directamente al gobierno y la confianza pública.

El caso de Gustavo Petro no tiene antecedentes en la Presidencia de Colombia. En su primer año de gobierno, el mandatario no llegó a 82 eventos programados con antelación, esto sin contar los retrasos, que han llegado a ser de varias horas. Por ello, es lógico que surjan dudas en torno a qué pasa con el jefe de Estado, pues su comportamiento no es normal.

Si a esto se suma que en varias ocasiones las ausencias del presidente han sido explicadas por la propia Casa de Nariño con quebrantos de salud y, además, hay versiones de supuestas adicciones y problemas de depresión, es válido que haya preocupación por las condiciones físicas y mentales del primer mandatario.

En la reciente visita de Petro a Brasil, donde participó en una cumbre de presidentes, desapareció durante el último día del evento y aplazó su regreso a Colombia argumentando malas condiciones del clima que impidieron el despegue del avión presidencial, pero se pudo constatar que ese día hubo operación aérea normal en Belém do Para, la ciudad en la que se encontraba.

Si el presidente no tiene nada que ocultar, lo mejor que puede hacer es someterse a un examen médico que desvirtúe las versiones sobre supuestos problemas de salud; si no lo hace y sigue incumpliendo con su agenda, no sólo alimentará los rumores sino que estimulará las dudas sobre su capacidad para cumplir con las funciones de su cargo.

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