Cuando se cree que la crisis del sistema de salud de Colombia tocó fondo, algo ocurre y la situación empeora. Así lo demuestra, por ejemplo, lo ocurrido con Cruz Blanca, EPS que será liquidada debido a su crítico estado financiero. Ahora 312.000 personas en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca serán reasignadas a otras entidades para ser atendidas.

Mientras esto ocurre, otras EPS, como Coomeva, por ejemplo, comenzaron a suplir sus puntos de atención -IPS- con entidades de la red pública.

Cuando se concibió el actual esquema del sistema de salud, se estructuró de tal forma que permitiera quitarles carga a los hospitales públicos. Por eso varias EPS construyeron sus propias clínicas y contrataron servicios con centros asistenciales privados.

Hoy el panorama es devastador, con clínicas cerradas y prestadores de servicios quebrados, y si el camino de las EPS es contratar con la red pública, entonces será inevitable el acabose.

Los esfuerzos que se han realizado para recuperar los hospitales públicos, como el HUV, se pueden ir al traste por cuenta de las EPS, primero, porque aumentará la congestión en estos centros asistenciales y, segundo, porque la cadena de pagos incumplidos terminará por llevar a estas entidades a la quiebra. La red pública no está en capacidad de asumir la carga de las EPS.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República no pueden darle más largas a una reforma estructural al sistema de salud. La situación es cada vez más dramática tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector, y es claro que, si no se hacen ajustes de fondo y pronto, el colapso será inevitable.

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