El incremento de apenas 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 es, sin duda, el golpe final del gobierno del presidente Gustavo Petro contra el sistema de salud colombiano.

Este aumento, completamente insuficiente para cubrir las crecientes necesidades del sector, no solo precariza los servicios, sino que afecta directamente a los pacientes, especialmente a los más vulnerables.

La UPC es un mecanismo clave para financiar las prestaciones del sistema de salud en Colombia.

Sin embargo, fijar su aumento por debajo de los costos reales de operación, como el incremento del salario mínimo (9,54%) y el encarecimiento de medicamentos y procedimientos médicos, genera un desbalance insostenible.

Según expertos y gremios del sector, esta decisión obligará a muchas EPS e IPS a recortar servicios y clausurar áreas críticas, afectando la calidad y la continuidad de la atención médica en el país.

El gobierno, que en teoría debería ser el garante del derecho a la salud, parece más enfocado en desmantelar el sistema existente que en fortalecerlo.

¿Hay una estrategia para quebrar deliberadamente el sistema y justificar la imposición de un modelo público sin preparación ni recursos suficientes?

Tal como señaló el exministro Alejandro Gaviria, la decisión sobre la UPC no se basó en evidencia técnica ni en un análisis serio de la realidad del sector.

En lugar de seguir las recomendaciones de la comisión regulatoria, el gobierno optó por un aumento caprichoso que ignora el contexto y las necesidades de clínicas, hospitales y profesionales de la salud, lo que llevará inevitablemente a una crisis operativa en la cual los pacientes serán los grandes perdedores.

¿Quién defiende la salud de los colombianos cuando es el propio gobierno el que con sus decisiones la pone en riesgo?

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